POR ALEJANDRO JOSÉ MIGUEL*

El Congreso de la Nación Argentina, como en ocasiones pasadas, avanza en procura de saldar una de las tantas deudas pendientes que mantiene con la niñez y adolescencia en nuestro país.

Esto es, pasar de un sistema penal juvenil de la dictadura militar que arrastramos desde 1.980, a un sistema penal de responsabilidad juvenil propio de una democracia que integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Brasil este proceso fue desarrollado hace unos veinte años con la consagración del Estatuto de la Crianca y el Adolescente, que implementó un sistema de garantías y sanciones penales que reconoce la capacidad de los adolescentes por sus conductas infractoras a la ley penal desde los doce y hasta los dieciocho años de edad con sanciones privativas de la libertad de hasta tres años.

Paradójicamente, el Estatuto no fue una imposición de la muy fuerte derecha brasilera de ese entonces (1989/1990), sino el resultado de un histórico proceso de movilizaciones sociales, donde los chicos fueron protagonistas y el movimiento social convocó, lideró y unió a los demás actores en torno a tres puntos básicos: cambios legales, reordenamiento institucional y mejora de las formas de atención directa.

En Argentina, cuna del sistema tutelar latinoamericano con la extinguida ley del Patronato, una alianza tácita e involuntaria entre un “tutelarismo autoritario clásico” y un “progresismo bueno para nada”, constituyen los mayores obstáculos para desterrar el actual sistema penal juvenil propio de la dictadura que, con la venia legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permite penalizar y castigar a chicos desde que nacen hasta los dieciséis años de edad, encerrándolos en jaulas para brindarles un peculiar modo de protección, hasta imponer penas diez, quince, veinte años o de prisión perpetua, que hoy por hoy muestran nuestra peor cara frente al mundo en las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a como debe tratarse institucionalmente a los chicos en conflicto con la ley penal.

Un proyecto de ley responsabilidad penal juvenil que abarque una franja etarea entre los catorce y los dieciocho años de edad, que permita la aplicación de criterios de oportunidad, que forje un debido proceso legal similar y mejor que el de los adultos en términos de garantías, y que se reserve las sanciones privativas de libertad para los delitos más graves no excediendo nunca los cinco años de encierro, es a mi juicio hacer realidad el Sistema Penal Juvenil creado a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Un sistema como el mencionado es el único que se atreve a receptar al adolescente como sujeto de derecho en una de las facetas de su vida, que es la manejarse respetando los derechos humanos de terceras personas y afrontar los costos de exteriorizar conductas que implican su violación.

Lo demás, es seguirlo tratando como mero objeto de protección por razones político-criminales muy poco democráticas, al estilo Zaffaroni/Argibay, o adoptarlo como un incapaz pensado ingenuamente por fuera del sistema penal real –que no respeta disquisiciones teóricas entre imputabilidad o inimputabilidad-, en la concepción de un “progresismo bueno para nada”, que en definitiva sostiene por otras vías las viejas bases del Patronato del Estado.

* Juez Penal de Menores de la Provincia de Mendoza.

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