El presidente del bloque peronista de la Legislatura porteña, Diego Kravetz, criticó hoy la recusación efectuada por Mauricio Macri contra el juez federal Norberto Oyarbide y dijo que "no puede ponerse por enicma de la ley".

"Si convirtió un hecho ilícito, debe responder como cualquier otro ciudadano y no atacar a los jueces por no estar de acuerdo con sus fallos", señaló el legislador.

En ese sentido, pidió a Macri "que respete las instituciones de la república, deje de embestir contra el poder judicial y facilite el trabajo de los jueces y la Cámara que intervienen en la investigación".

"Con esta recusación, lo único que hacen es embarrar la cancha politizando la causa", manifestó.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la intención de Macri de apartar a Oyarbide se basa en informaciones periodísticas según las cuales el ex senador Héctor Maya habría manifestado que, en un ocasional encuentro, el magistrado le habría anticipado que iba a "llevarse puesto" al jefe de Gobierno capitalino.

En un escrito de 26 carillas, presentado hoy minutos antes de las 9.00 y al que esta agencia tuvo acceso, la defensa de Macri afirmó que Oyarbide "no cumple con el requisito constitucional de ser un ‘juez imparcial’ e ‘independiente’”.

"Por otra parte, las numerosas declaraciones realizadas ante los medios periodísticos son reveladoras de la efectiva predisposición a imputar a nuestro asistido desde el inicio de la investigación”, dijeron los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental, defensores de Macri.

Los letrados también cuestionaron el llamado a indagatoria y el procesamiento afirmando que "ninguno de esos actos, nulos de nulidad absoluta, pueden ser validados habiendo sido emitidos por un juez respecto del cual no se verifica la garantía de imparcialidad”.

Fuentes allegadas a la investigación restaron trascendencia al pedido de recusación y estimaron que el juez rechazaría el argumento planteado por los abogados Feder y Rosental, por lo que sería finalmente la Cámara Federal la que deberá resolver.

Para el caso que Oyarbide no hiciese lugar al planteo, los defensores hicieron reserva de "interponer oportunamente el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema" ya que "se encuentra en juego la garantía constitucional (de su defendido) a ser juzgado por un juez imparcial e independiente".

El viernes último Macri quedó procesado sin prisión preventiva y con un embargo de 250 mil pesos en sus bienes por los delitos de "violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documento público y miembro de asociación ilícita".

En tanto, ayer el juez Oyarbide dio un nuevo impulso a la investigación de las escuchas ilegales en la ciudad al requerir un listado de los teléfonos fijos y móviles usados por Macri.

"Queremos cruzar las llamadas que hizo Macri en el período en que funcionó el sistema de espionaje telefónico y saber si mantuvo conversaciones con otros imputados", dijo una fuente judicial.

El pedido del juzgado fue hecho a la Jefatura de Gabinete porteña y con un plazo perentorio de 24 horas para que le remita un listado de los teléfonos fijos y celulares que usa el jefe de Gobierno de la Ciudad, estén o no registrados a su nombre.